Rodrigo Botero Montoya *
Sábado, 30 de septiembre de 2006
Introducción
En forma casi espontánea, se está conformando una asociación entre países del litoral Pacífico latinoamericano cuyo objetivo es promover el libre comercio, mejorar la competitividad internacional y estimular los intercambios con la región Asia-Pacífico. Se trata de un fenómeno reciente, cuyas características institucionales están por definirse. Pero el proceso de entendimiento alrededor de visiones compartidas sugiere que están dadas las circunstancias propicias para conformar en breve plazo una zona de libre comercio entre once naciones latinoamericanas ribereñas del Pacífico, en una región contigua que abarca desde México hasta Chile. A esta agrupación en vía de formación se le ha dado el nombre preliminar de Zona de Libre Comercio del Litoral Pacífico Latinoamericano, ZLC Pacífico.
El entorno propicio para un acercamiento entre los países del litoral Pacífico ya existía, en la forma de ciertos elementos comunes: alto grado de integración en la economía internacional; manejo macro-económico prudente; aceptación de la libertad de comercio; régimen de empresa privada; y políticas públicas compatibles con la economía de mercado contemporánea.
Las bases para una integración comercial a escala regional se han estado sentando por medio de iniciativas parciales. Colombia inició negociaciones con Guatemala, Honduras y El Salvador para suscribir un acuerdo de libre comercio, al cual se pueden sumar Costa Rica, Ecuador y Perú. Chile y Perú concluyeron la negociación de un acuerdo comercial. Chile y Panamá suscribieron un TLC. México tiene un acuerdo de complementación económica con Colombia y acuerdos comerciales con varios países del litoral Pacífico.
El retiro de Venezuela de la CAN, anunciado súbitamente por el presidente Hugo Chávez el 19 de abril en Asunción, Paraguay, sirvió de incentivo para coordinar algunas de estas iniciativas. Como se explica a continuación, la sorpresiva decisión del gobierno venezolano sirvió de elemento catalizador de un proceso cuya evolución apunta hacia la conformación de la ZLC Pacífico. Así pues, esta iniciativa tiene cierta relación con la Revolución Bolivariana. Pero esa relación es marginal e indirecta. Los aficionados a las teorías de conspiración tendrán la satisfacción de constatar que la iniciativa comercial del Pacífico se originó en algo parecido a una conspiración. Pero el vínculo de esta iniciativa con el régimen venezolano es remoto y circunstancial. Tenía un objetivo diferente a lo que podría suponerse: lo que se buscaba era reformar a la CAN. Por la forma peculiar como las ideas ponen en marcha acontecimientos que adquieren su propia dinámica, ese modesto propósito ha ido evolucionando de manera no prevista hacia la conformación de la ZLC Pacífico.
La Crisis de la CAN
El retiro intempestivo de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones les creó a los países miembros la necesidad de diseñar planes de contingencia, tanto a nivel nacional como a nivel institucional. La razón invocada por el presidente Chávez para denunciar el Acuerdo de Cartagena fue la negociación de tratados de libre comercio con Estados Unidos por parte de Colombia y Perú. Esta negociación se había iniciado en el año 2004, con el pleno conocimiento y la autorización de los organismos decisorios de la CAN, en los cuales participan representantes de los países miembros. No se trataba, por lo tanto, de una actividad clandestina, que hubiera sido desarrollada a espaldas de la entidad subregional. Pero el retiro de Venezuela se presentó como una decisión irrevocable y fue aceptada como tal por los gobiernos de los países miembros de la CAN.
Una consideración inmediata fue la suerte que correrían las corrientes comerciales intra-regionales. La incertidumbre inicial se disipó al confirmarse que Venezuela se proponía cumplir con el mantenimiento de las preferencias arancelarias recíprocas por un período de cinco años, según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena en caso de retiro de un país miembro.
La consideración siguiente hacía referencia a la reorganización de la CAN sin Venezuela y ante la eventualidad del retiro posterior de Bolivia a causa de una similar animadversión a los TLC con Estados Unidos de Colombia y Perú. Esa coyuntura fue lo que dio lugar a una pequeña conspiración por parte de economistas colombianos y peruanos que tenían reparos al sesgo proteccionista de la CAN. El propósito de la conspiración era aprovechar la necesidad de adaptar la institución a las nuevas circunstancias creadas por el retiro de Venezuela para orientar a la CAN hacia el libre comercio.
El arancel externo común de la CAN es una entelequia proteccionista que distorsiona las corrientes comerciales en la subregión y con el resto del mundo. Tiene múltiples tarifas con un alto grado de dispersión, que resultan en niveles de protección efectiva desproporcionados y anti-técnicos. Su relevancia en la práctica está siendo erosionada por el incumplimiento y las preferencias sucesivas. Perú y Bolivia se han rehusado a ponerlo en práctica.
Cuando se iniciaron las negociaciones para adoptar el arancel externo común a principios de los años noventa, Venezuela había propuesto una estructura tarifaria proteccionista, a la cual se resistían los técnicos del gobierno colombiano. Venezuela condicionó su participación en el G3, el acuerdo comercial entre México, Venezuela y Colombia, a la aceptación por parte de Colombia de la estructura tarifaria propuesta. Consideraciones diferentes a las de la racionalidad económica terminaron por determinar la aceptación colombiana del arancel externo común defectuoso en la CAN.
Quienes considerábamos que el arancel externo común era un disparate, encontramos un aspecto positivo en la crisis de la CAN. La salida de Venezuela creaba las condiciones propicias para eliminar el arancel externo común, abandonar la pretensión de que la CAN es una unión aduanera y reconocer que lo que existe entre Colombia, Ecuador y Perú es una zona de libre comercio. Así se propuso, de manera concertada, en artículos publicados en Colombia y Perú en el mes de junio.
Esa modesta conspiración tenía como objetivo desmantelar una reliquia del proteccionismo subregional andino para reconciliar a la CAN con el libre comercio. Para superar la inercia institucional y facilitar la aceptación de la propuesta por parte de los gobiernos, se incluyó la sugerencia de que, una vez suprimido el arancel externo común, resultaría viable invitar a Chile a regresar a la CAN, en el entendido que se trataba de una zona de libre comercio en la cual cada país conservaba el manejo discrecional de su política arancelaria.
La referencia a Chile en ese contexto era un factor de apoyo al objetivo primordial. Facilitaba el abandono del arancel externo común por parte de los funcionarios de la CAN al proponer la supervivencia de la institución con objetivos menos ambiciosos. A los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú se les ofrecía la posibilidad de mantener un esquema de integración viable en el litoral Pacífico, luego del retiro de Venezuela y el previsible retiro de Bolivia. A la fecha de la propuesta, la posibilidad de que Chile regresara a la CAN parecía remota. Proponerlo constituía, por lo tanto, un saludo a la bandera más bien que la formulación de una eventualidad próxima. Pero los acontecimientos se encargaron de modificar esa percepción.
De la Ampliación de la CAN a la ZLC del Pacífico
La propuesta de transformar a la CAN en una zona de libre comercio, una vez descartado el arancel externo común, tuvo una acogida favorable en Lima. Los responsables de la política económica de la administración Toledo la veían como una vindicación de su negativa a poner en vigencia un arancel externo proteccionista que consideraban perjudicial para el Perú. Adicionalmente, el entonces asesor diplomático del presidente electo Alan García y actual Canciller del Perú, José Antonio García Belaunde, consideró que la invitación a Chile a la CAN le ofrecía una oportunidad interesante al nuevo gobierno para tomar la iniciativa en materia de relaciones internacionales.
En Colombia, un grupo de académicos y funcionarios responsables de la política económica internacional coincidieron en observar que una CAN transformada en zona de libre comercio facilitaría un acercamiento, no sólo con Chile, sino además con México y Centroamérica. De esta manera, la iniciativa inicial, abandonar el arancel externo común y la idea de la CAN como unión aduanera, adquirió una proyección geográfica mayor. Partiendo de objetivos limitados pero realistas, parecía factible concebir una zona de libre comercio que abarcara todas las naciones del litoral Pacífico latinoamericano.
La primera aproximación al tema con el gobierno de Chile tuvo lugar en Santiago durante una visita de cortesía del presidente electo del Perú, Alan García, a la presidenta Michelle Bachelet. La reunión permitió explorar temas relacionados con la relación bilateral, así como la posibilidad de que Chile regresara a la CAN.
El paso siguiente fue un sondeo informal a nivel ministerial para determinar si la idea tendría el respaldo del equipo económico chileno. La reacción fue positiva pero cautelosa. La posibilidad de suscribir acuerdos de libre comercio con Colombia, Ecuador y Perú podía ser de interés. Pero el eventual regreso a la CAN requería ser estudiado con cuidado.
Alan García también efectuó visitas de cortesía a los presidentes de Colombia y Ecuador con anterioridad al inicio de su gobierno para discutir temas bilaterales y temas relacionados con la integración latinoamericana. La agenda de las conversaciones en Bogotá incluyó la relación CAN-Chile, el libre comercio entre los países del litoral Pacífico y el apoyo del Perú a la candidatura de Colombia a la APEC, la agrupación de países del Asia-Pacífico.
La iniciativa recibió un impulso adicional durante los encuentros presidenciales en Lima y Bogotá, para las ceremonias de transmisión del mando del 28 de julio y 7 de agosto respectivamente. En Lima, el presidente Uribe le expresó a la presidenta Bachelet el deseo de que Chile se asociara a la CAN. Los dos gobernantes acordaron iniciar negociaciones para suscribir un TLC que ampliaría el acuerdo de complementación económica existente. En Bogotá, los presidentes de Colombia, Ecuador y Perú, y el vicepresidente de Bolivia le entregaron a la presidenta Bachelet la invitación oficial para que Chile se vinculara a la CAN. Poco después, el gobierno de Chile notificó su decisión de regresar a la CAN en calidad de miembro asociado. Para formalizar la vinculación de Chile a la organización, se acordó aprovechar la presencia de los cancilleres andinos en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Por tratarse de una iniciativa originada en el mes de junio, conviene tener en cuenta que éste es un proceso en etapa de formación. Hasta ahora, ha habido unos entendimientos preliminares a nivel de jefes de Estado, seguidos por conversaciones entre las cancillerías y las autoridades de comercio exterior de los países promotores de la iniciativa: Chile, Colombia, México y Perú. Las reacciones iniciales por parte de académicos, analistas y dirigentes empresariales han sido favorables. La propuesta de liberalizar el comercio en el litoral Pacífico latinoamericano, con miras a participar en el dinamismo económico de la región Asia-Pacífico, ha sido acogida con interés y con simpatía.
Habida cuenta de la respuesta positiva a los sondeos diplomáticos preliminares, el gobierno colombiano decidió convocar a una reunión de trabajo a nivel ministerial. El ministro de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero, invitó a sus colegas de la cuenca del Pacífico a una reunión en enero del 2007 en Cali. Para entonces, habrán tenido lugar la transmisión del mando en México y las elecciones presidenciales en Ecuador y Nicaragua. El propósito de la reunión sería diseñar mecanismos para lograr una mayor integración económica regional, a la vez que fortalecer los vínculos con los países asiáticos.
El esquema propuesto enfatiza el pragmatismo, la flexibilidad y la apertura a la economía internacional. Los países participantes conservarían la autonomía para suscribir acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. También quedarían en libertad para colaborar en materia de infraestructura y otros temas puntuales con Mercosur, sin adoptar su arancel externo común. La diferencia con la orientación de Mercosur es una cuestión de matiz, relacionada con actitudes divergentes respecto al libre comercio. Pero la diferencia con los objetivos del ALBA es fundamental, dada la coincidencia de los participantes en valorar la democracia liberal, la economía de mercado y el respeto al principio de no-intervención en asuntos internos.
* Rodrigo Botero, economista e historiador, es un consultor independiente con sede en Boston.
Fue Ministro de Hacienda y Crédito, Secretario Económico de la Presidencia, Consejero Económico de la Embajada de Colombia en Washington
Su trayectoria de servicio gubernamental incluye los cargos de Ministro de Hacienda y Crédito Público, Secretario Económico de la Presidencia, Consejero Económico de la Embajada de Colombia en Washington y Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma de los Valles del Magdalena y del Sinú, C.V.M.
Fue fundador y primer Director Ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y de Desarrollo, FEDESARROLLO, un centro privado de investigación económica y social en Bogotá. También fundó y dirigió las revistas Coyuntura Económica y Estrategia Económica y Financiera.
Fue miembro de la Comisión Brandt sobre Problemas del Desarrollo Internacional. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ford, del Aspen Institute for Humanistic Studies, el Diálogo Interamericano, el Banco de la República, Fedesarrollo y CARVAJAL. Ha sido asesor de varias empresas colombianas y de First Boston Corporation en Nueva York.
Ha publicado los siguientes libros: La Comunidad Económica Caribe-Andina; Reflexiones Sobre la Modernización de España; Ambivalent Embrace, America’s Troubled Relations with Spain from the Revolutionary War to the Cold War y El Discreto Encanto de la Social Democracia.
Una columna suya sobre temas económicos e internacionales se publica quincenalmente en el periódico El Colombiano de Medellín.
1 comentario:
BUSHISMO PRO-ALCA CONTRA EL MERCOSUR EN PARAGUAY
ITAIPÚ, SUPUESTA MANZANA DE LA DISCORDIA
(Por Luis Agüero Wagner- (http://itaipuecidos.zoomblog.com)
Por estas fechas me resulta irresistible emitir un comentario sobre lo elástico que resulta el tema de los Tratados de Libre Comercio para cierta prensa con delirios de poder paralelo, sobre todo ante la insistente campaña de los bushistas trasnochados y partidarios del ALCA que predominan en los medios de comunicación de Paraguay.
Primero, debo decir que resulta lamentable el espectáculo de ciertos políticos pusilánimes exhibidos cual trofeo del amo de ABC color, el señor Aldo Zuccolillo(ver http://luisaguerowagner.zoomblog.com), cuando se allanan a seguir su línea editorial contra el Mercosur, buscando instrumentar el tema de las hidroeléctricas compartidas con Argentina y Brasil (Itaipù y Yacyretà) para crear disturbios en el bloque regional, como si nos faltaran problemas en el país y el subcontinente. Y tanto más notorio el triste papel de títeres al tratarse de medios de comunicación bien conocidos por sus vinculaciones directas e indirectas con intereses imperiales extranjeros a la región, y su anacrónico Maccarthismo que pareciera ignorar que la guerra fría finalizó hace casi dos décadas.
Resulta realmente lamentable ver en ese papel a tribunos con auténtico predicamento político como Miguel Abdón Saguier, o a supuestos izquierdistas como Ricardo Canese.
Como no constituye sorpresa, acompaña a Zucolillo en su campaña el ex animador de los cumpleaños de Stroessner Humberto Rubìn, que en 1987 cerrò de motu propio su radio para no pagar sueldos a sus empleados con los 341.000 dòlares que la Nacional Endowment for Democracy le facilitò para el efecto.
En segundo lugar, debería discernirse que ni los gobiernos de Brasil o Argentina son responsables del inmediatismo de algunos líderes políticos paraguayos, por demás carentes de legitimidad e invalidados como interlocutores desde un principio, cuando estos posponen renegociaciones a cambio del metal envilecedor imprescindible para comprar conciencias durante sus campañas políticas. Quienes no tenemos una memoria dependiente de las dádivas de la publicidad oficial, ni tenemos motivos para defender a actores de reparto que se dedican a seguir la línea editorial de la patria periodística para aparecer en sus espacios, todavía tenemos fresco el recuerdo del viaje del senador Carlitos Filizzola Pallarés a Brasilia en diciembre de 2005, supuestamente para hablar de la renegociación de Itaipú, pero en la vida real para claudicar ante Lula, y traer a su jefe Nicanor 20 millones de dólares para financiar su campaña en la interna colorada de febrero de 2006.
En tercer lugar, que no tienen autoridad moral para censurar el entreguismo de ningún gobierno quienes albergan en sus filas a notorios voceros de coacciones externas desnacionalizantes pagadas por embajadas extranjeras.
Sin negar que cualquier tratado internacional es pasible de exhibir defectos de forma y contenido, difícilmente pueda aceptarse el papel de censor de una prensa fabuladora, sin autoridad moral ni compromiso con la verdad, que jamás ha pretendido ocultar sus tendencias socialdarwinistas y ultraderechistas al enfocar temas económicos y políticos, su hipocresía a la hora de condenar una dictadura que alabó por décadas, ni tampoco su ocasional visión legionarista y anti-nacional de la historia paraguaya en el enfoque de sus momentos culminantes. Aunque lleve décadas disfrazando de nacionalismo sus incontenibles afanes de convertir Itaipú en la manzana de la discordia del Mercosur, al tiempo de erigirse en abogada de expoliadores intereses extranjeros -eventualmente brasileños- que operan en el país prometiendo redimirlo, presentándose fraudulentamente como voceros de los intereses generales de la sociedad.
Ya dijimos que los políticos necesitan de la prensa para hacer conocer al público que están constantemente defendiendo causas nobles, aunque sean muy magros los resultados de su accionar, sobre todo porque la cobertura periodística no abarca todos los azimuts del espacio, y las buenas intenciones pareciera que no existen si no están los fotógrafos. Este hecho invariablemente se repite en el caso que nos ocupa.
Bien haría el señor Zuccolillo en historiar el tratado de Itaipú sin omitir a sus íntimos que participaron de las mieles del negocio, ni tampoco olvidar que el tan cuestionado acuerdo pudo firmarse gracias a la legitimidad que dieron a Stroessner sus grandes amigos y asesores (?) en temas políticos como los hermanos Levi Rufinelli.
Del mismo modo que sería deseable que nuestros negociadores en temas como Itaipú exhiban mayor patriotismo y sean intransigentes a la hora de defender los intereses nacionales, algo que no está en discusión, tampoco estaría demás que ciertos políticos y parlamentarios de la oposición demuestran una mayor autonomía de pensamiento y originalidad a la hora de elegir sus reivindicaciones, que cada vez aparentan más ser campañas auspiciadas por ciertos diarios. Para colmo, justo los que están habituados a las más bochornosas campañas contra la verdad.
Para tener una idea màs acabada de quiènes son estos personajes que mantienen oprimida la superestructura en Paraguay, transcribo en artìculo siguiente de Nemesio Barreto Monzòn:
En este artìculo de Nemesio Barreto Monzòn, publicado en la prensa internacional, quedan al descubierto las motivaciones que tuvieron Aldo Zucolillo, Humberto Rubìn y otros beneficiarios de la plata dulce de la dictadura para en los ùltimos meses del gobierno de Stroessner cambiar de actitud bajo protecciòn de la embajada norteamericana.
Cuando la CIA inició sus compras en Paraguay
Nemesio Barreto Monzón
barreto@rieder.net.py
El autoritario Dr. Carl Gershman, presidente de la NED, había venido “de compras a Paraguay”, pero no compró artesanía paraguaya sino otros “objetos de dudoso valor”.
En una carta de marzo de 1989 (1) el entonces embajador norteamericano en Asunción, Timothy Towell (2) reconoció que numerosas instituciones paraguayas habían recibido dinero de la National Endowment for Democracy (NED). Esta organización, “Fomento de la Democracia”, tenía desde 1985 una oficina en Montevideo, Uruguay. El embajador Timothy Towell mencionaba en su carta a los que recibieron dinero, entre ellos a “dirigentes laborales, medios de prensa, académicos”, etc. En cuanto “a los proyectos que están siendo considerados para asistencia futura -decía Towell- una lista definitiva y una distribución de los fondos aun se encuentran bajo estudio”. El embajador hacía también referencia a “los objetivos de la visita del Dr. Carl Gershman” a Paraguay. El “ilustre visitante”, el Dr. Gershman (3), presidente de la NED, había venido “de compras a Paraguay”, pero no compró artesanía paraguaya sino otros “objetos de dudoso valor”.
Un año antes de la clausura del diario “Abc-color” empezaron los rumores de que “una moderada suma de dinero” del gobierno norteamericano había ingresado a Paraguay con el objetivo de promover un cambio ajustado a los intereses norteamericanos. Era la época de los embajadores Arthur H. Davis (Jr.) y de Clyde Taylor. Este rumor, aunque solo en parte, no se confirmaría sino mucho tiempo después por la propia embajada de los Estados Unidos de América en Asunción. El generoso hombre de la billetera norteamericana no era otro que el señor Agustín Torres Lazo. Por entonces, y desde 1979, funcionaba en Asunción el “Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre” (IADSL), que tenía su oficina en la calle Montevideo N° 822 (Archivo del Terror, Microfilm 00189F-0031). El Director del “Instituto” era Agustín Torres Lazo, un hombre vinculado a los americanos y a sus órganos de inteligencia. Fue suya la “genial” idea de incluir también a los patrones en el Sindicato de Periodistas del Paraguay.
Agustín Torres Lazo –ex diplomático nicaragüense nacionalizado norteamericano- consiguió en 1979 que el Departamento de Estado invitara por primera vez al ex policía Alcibíades González Delvalle. Así nació una fructífera relación entre el agente de los norteamericanos y el ex policía Alcibíades González Delvalle. Siempre en el rubro sindical, Torres Lazo también trabó amistad con Víctor Báez Mosqueira, quien al poco tiempo se convirtió en hombre de confianza de la embajada norteamericana en Paraguay (Archivos del Terror. Microfilm N° 00045F 2336). Báez Mosqueira fundó después el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT), hoy es Secretario de la “Confederación Internacional de Organizaciones y Sindicatos Libres” (CIOSL). Más adelante aparecerían en escena otros dos hombres de muy diverso valor en metálico: Humberto Rubín y Aldo Zoccolillo, propietarios de Radio Nandutí y del diario “Abc-color” respectivamente. Rubín y Zuccolillo fueron invitados en noviembre de 1986 por George Bush, entonces Vicepresidente de los Estados Unidos de América (Archivo del Terror. Microfilm N° 00020F 0743).
El Informe de la National Endowment for Democracy (NED) 1987-1989
En 1987 Radio Ñandutí recibió de la NED 121.880 dólares “para la conducción de formas de orientación democrática con énfasis en la activa participación de la audiencia en su auditorio de 300 sillas”. Otros 92.400 dólares recibió de la NED para aguantar “las presiones gubernamentales”. Poco después recibió 86.900 dólares “para la compra de un nuevo transmisor”. A esto debe sumarse otros 41.000 dólares “para la publicación de libros”. En cifras redondas, Humberto Rubín recibió 342.000 de la NED. En cuanto al señor de la CIOSL, Víctor Báez Mosqueira, entonces líder del Movimiento Intersindical de Trabajadores, recibió de la NED 92.688 dólares “para fortalecer la libertad de los sindicatos”. Resumiendo, los clientes de la NED en Paraguay recibieron en conjunto 1.074.584 dólares entre 1987 y 1989. En un próximo artículo se dará a conocer la lista completa de los viejos y nuevos clientes de la NED, IAF, FREEDOM HOUSE, etc.
NOTAS:
1) Carta de Timothy Towell, del 13 de marzo de 1989, dirigida a Joaquín Burgos y Carlos Ferreira Ybarra. Fotocopia autenticada en poder del autor.
2) Timothy Lathrop Towell fue embajador desde el 26 de septiembre de 1988 hasta el 27 de abril de 1991. “Un acicalado individuo de unos sesenta años, elegantemente vestido (blazer azul, camisa blanca y corbata a rayas diagonales) se alzó entre el círculo de mesas. Era Timothy Towell, el jubilado y antiguo, pero omnipresente, embajador de EE.UU. en Paraguay. Luego de hablar de la manera de contrarrestar la amenaza de Chávez, alardeó: "He trabajado con John Maisto durante años, desde que estuvimos juntos en Cochabamba, Bolivia en 1967, cuando nos libramos de Che Guevara. Si eliminamos una amenaza, podemos librarnos de otras”. Fuente: La Fogata - Internacional. El Maestro Maisto (que va a estar en Mar del Plata) y la muerte de Che. Juan Bolipaine Rebelión Traducido para Rebelión por Germán Leyens. http://www.lafogata.org/05inter/inter11/in_4-2.htm - 13k -
3) Carl Gershman. Director del Fondo Nacional por la Democracia (NED). Que el señor Gershman no es ningún demócrata quedó en evidencia en agosto de 2005 en Estocolmo, Suecia, cuando a Eva Golinger, autora del libro El Código Chávez, (The Chavez Code: Cracking U.S. Intervention in Venezuela), Carl Gershman no le permitió participar en un panel. Joshua Mata, testigo presencial, señala cuanto sigue: “La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela pasó a primer plano en el Encuentro de Fundaciones que Promueven la Democracia realizado en Estocolmo entre el 28 y 30 de agosto de 2005. En lo que muchos han considerado un despliegue escandaloso de unilateralidad y arrogancia, Carl Geshman, prohibió la presencia de la abogada estadounidense-venezolana Eva Gollinger en el panel”. Fuente: “La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela”. http://www.focusweb.org/confrontaci-n-entre-estados-unidos-y-venezuela-tensiona-reuni-n-sobre-democ.html?Itemid=94 - 89k - Véase, asimismo, el diario sueco “Aftonbladet”: “Hon får inte delta” (“Ella no puede participar”). Artículo firmado por el periodista sueco Björn Kumm. Estocolmo, Suecia, 30 de agosto de 2005
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